La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, fue aprobada el 16 de febrero en el Congreso y ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado el 21 de febrero.
Esta ley es la transposición de la Directiva (UE) 2019/1937, de 23 de octubre, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, que es también conocida como Directiva Whistlebower, la cual se dictó con el ánimo de proteger a las personas que, conocedoras de infracciones de las organizaciones públicas o privadas para las que trabajan o prestan servicios o tienen conexión de alguno de los tipos que establece, puedan denunciarlas sin temor a represalias.
En este sentido, la ley exige que las empresas de más de 50 empleados cuenten con un canal de información (en la Directiva se denominaba canal de denuncias) y para ello, se establecen plazos diferentes, en función del número de trabajadores que tengan las empresas, de manera que:
- Las empresas de más de 250 trabajadores, tienen un plazo máximo de 3 meses desde la entrada en vigor de la Ley, para implantar los canales de comunicación.
- Las empresas de entre 50 y 249 trabajadores, tienen plazo gasta el 1 de diciembre de 2023.
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